Irma Lovera De Sola

A partir del 30 de septiembre de 2020, el Ejecutivo Nacional presentó a la opinión pública a través de las muchas vías de comunicación de que dispone, el proyecto de Ley Antibloqueo.

Lo primero que llama la atención es que el Ejecutivo de a conocer un proyecto de ley, ya que en Venezuela los ciudadanos sabemos que las leyes se presentan como hechos cumplidos, ya aprobadas por la instancia que le haya correspondido considerarla y se conocen solamente al ser publicadas en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela (G.O.); es infrecuente que se presente un proyecto para que la opinión pública la conozca, la discuta, de sus opiniones, aunque las mismas no vayan a ser atendidas ni tenidas en cuenta por la instancia ante la cual se ha presentado.

El presidente de la República, Nicolas Maduro presentó a la Asamblea Nacional Constituyente, el proyecto de ley y en su discurso dijo algunas cosas significativas, aunque no detalló el contenido del proyecto. Dijo:

• Que esa ley contiene «un mecanismo para garantizar que los activos internos se mantengan en las manos» de su gobierno.
• Es una ley para enfrentar la perversa y brutal agresión que sufre el país.
• Que el bloqueo económico pretende asfixiar la economía para justificar una intervención militar.
• Que se inicia una nueva etapa en la que podamos salir con modalidades muy innovadoras de la persecución de Estados Unidos.

Estas palabras son un indicio de lo que se puede encontrar en ese proyecto de ley.

INTRODUCCIÓN

El proyecto denomina al instrumento presentado como LEY ANTIBLOQUEO PARA EL DESARROLLO NACIONAL Y LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS.

No es ocioso señalar que la Misión Independiente designada por la Organización de las Naciones Unidas, presentó el día 16 de septiembre de 2020 un informe que contiene detalladamente en mas de 400 páginas, los atropellos a los derechos humanos de los venezolanos perpetrados por el gobierno nacional y que ese informe ha revelado ante el mundo con pruebas, lo que los venezolanos ya sabíamos, que a través de funcionarios de seguridad y policía de diversos organismos del estado se cometen asesinatos extrajudiciales, desapariciones forzosas, torturas, detenciones ilegales y pare de contar, así que el gobierno que, según parece ha encontrado una fórmula novedosa para defenderse de las sanciones financieras e individuales impuestas por EEUU y la Unión Europea, ahora pretende justificar el contenido de este proyecto de ley, bajo el argumento de que su objetivo es defender los derechos humanos de los habitantes de Venezuela.

La denominación del proyecto revela otro asunto, además de la supuesta intención de defender los derechos humanos de los venezolanos. Menciona la palabra “bloqueo” que es la denominación que le ha dado Cuba a las medidas económicas que ha venido tomando los EEUU desde hace sesenta años contra la economía cubana, que en Venezuela no ha sucedido, ya que el nombre dado a las medidas contra individuos que forman o han formado parte del gobierno de Nicolás Maduro, y las medidas financieras contra bienes y empresas propiedad de este mismo gobierno, se denominan sanciones individuales y sanciones financieras, que sin duda y como confesó el presidente Maduro ante la Asamblea Nacional Constituyente al presentar el proyecto de ley, han reducido desde 2015 en un 99% el ingreso de divisas al país.

El proyecto en su primer artículo señala que su objetivo “es contrarrestar, mitigar y reducir, de manera efectiva, urgente y necesaria” los efectos de medidas coercitivas unilaterales restrictivas contra la República y el pueblo venezolano.

Sabemos que las llamadas sanciones, si bien son unilaterales porque no pueden ser de otra manera, provienen fundamentalmente de EE. UU. y de la Unión Europea, y también que Venezuela no es el único país afectado por este tipo de medidas, ya que sanciones similares se han aplicado a Corea del Norte, a China, a Bielorusia y a Rusia para citar solo algunos países.

Por otra parte, las sanciones aplicadas son fundamentalmente de dos tipos, las primeras que se aplicaron fueron a los bienes de personeros individualizados del régimen de Nicolás Maduro y luego se agregaron prohibiciones de realizar negociaciones comerciales con empresas del estado venezolano como Petróleos de Venezuela y sus filiales. Así pues, aunque es cierto que las sanciones financieras han venido a reducir significativamente el flujo de divisas a las arcas del gobierno venezolano y consecuencialmente afectan al pueblo, pero no están directamente dirigidas a esa población sino a personas naturales y a empresas señaladas en cada uno de los instrumentos, órdenes ejecutivas, dictadas en cada caso.

No deseamos convertir este trabajo en un argumentario en favor o en contra de las sanciones, sino dar una breve explicación sobre las mismas a fin de no seguir repitiendo la frase propagandística del gobierno que sostiene que las sanciones son contra Venezuela, lo cual no es cierto y tampoco lo es que el alarmante deterioro de los servicios públicos y de la calidad de vida de los habitantes de Venezuela se deba exclusivamente al efecto de esas sanciones, porque todos sabemos que ese descalabro generalizado de los servicios públicos y la calidad de vida de los habitantes del país comenzó mucho antes de que se impusieran las primeras sanciones individuales.

El segundo artículo del proyecto delimita el ámbito de aplicación de la ley, aunque la expresión mas adecuada debe expresar que se incluye a todos los poderes públicos de todos los niveles (nacionales, estadales y municipales) y a todas las personas naturales y jurídicas. Es decir a todos, todos.

El proyecto señala que va dirigido a reforzar la protección de los bienes y sujetos afectados por las sanciones y que sus disposiciones son complementarias a las ya dictadas bajo el régimen del estado de emergencia económica.

Una de las observaciones que se evidencian de la revisión del proyecto de ley para el desbloqueo, es que se trata de darle legalidad, nacional e internacional, a actuaciones que el representante del Ejecutivo ya ha venido desplegando, como por ejemplo, el aliarse con los enemigos de sus enemigos para favorecerse económicamente ambos.

Por ejemplo, el artículo nueve dice que la República podrá suscribir toda clase de acuerdos, tratados y convenios a la sola conveniencia de mitigar los efectos de las sanciones; como sabemos el presidente ha venido suscribiendo toda clase de acuerdos por ejemplo con Cuba, Irán, Bielorrusia, así que la posibilidad de suscribir toda clase de tratados ya se ha realizado, incluso se han firmado acuerdos que se enuncian como beneficios para el país, pero en realidad son ventajas para los gobernantes que se comportan como miembros de un clan (el clan de los sancionados) en que cada uno cuida los intereses del otro y la población queda al margen de todo beneficio.

El proyecto atribuye al Consejo de Estado la responsabilidad de ejecutar y hacer seguimiento a la aplicación de esta ley. También señala que los “actos públicos” estarán sometidos al control posterior por parte de la Contraloría General de la República, que sabemos que su titular fue designado inconstitucionalmente y solamente ha actuado para “inhabilitar” a políticos opositores a conveniencia del régimen.

El Ejecutivo crea un nuevo organismo, lo cual no podía faltar porque en cada proyecto el gobierno crea otra instancia burocrática con cualquier excusa, esta vez crea

“el Observatorio sobre medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas como órgano científico para la generación de conocimiento pertinente y relevante, destinado al estudio académico y el seguimiento y evaluación de los procesos de implementación y de sus resultados”

Es insólito que un gobierno que ha despreciado y execrado el conocimiento en sus mas altas expresiones académicas y científicas, ahora utilice esos conceptos en un contexto político dentro de un proyecto de ley que sin exagerar se puede calificar de insólito.

El gobierno prevé que con la aplicación de estas “novedosas medidas”, que no especifica cuales son, se podrán obtener ganancias y ese dinero se utilizará, con la retórica a la que nos tiene acostumbrados a:

“a la satisfacción de las derechos económicos, sociales y culturales del pueblo venezolano, así como a la recuperación de su calidad de vida y la generación de oportunidades a través del impulso de sus capacidades y potencialidades.”

El artículo 17 del proyecto de ley merece ser citado completo:

“Cuando resulte necesario para superar los obstáculos o compensar los daños que las medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas generan a la actividad administrativa, o cuando ello contribuya a la protección del patrimonio del Estado venezolano frente a cualquier acto de despojo o inmovilización, o a mitigar los efectos de las medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas que afectan el flujo de divisas, el Ejecutivo Nacional autorizará la desaplicación de determinadas normas legales, para casos específicos.”

Esta es una ley que puede denominarse con propiedad la ANTI LEY, porque ella misma establece que cuando al Ejecutivo le parezca necesario o conveniente puede “desaplicar” cualquier ley, y al no señalar cual rango de ley puede ser desaplicada, está incluida la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como de hecho, y ahora sería de derecho, ya ha desaplicado mucho mas de la mitad de su texto, bien porque lo haya violado en forma directa o porque lo ha ignorado impúdicamente.

A este artículo me refería especialmente al calificar este proyecto de ley como insólito. Con el mayor desparpajo el gobierno del país justifica desaplicar, es decir, ignorar o violar leyes que forman parte del acervo jurídico del país, leyes de cualquier clase, rango y especialidad, desde la ley de símbolos patrios hasta la Constitución misma. Será un estado anárquico en el que el Poder Ejecutivo no está obligado a respetar las leyes, y consecuencialmente tampoco los tratados internacionales, los acuerdos suscritos externa o internamiento, los contratos, en fin cualquier norma que le estorbe para sus fines, la aparta y no la aplica.

A partir de este artículo, todo lo demás es una fábula, ya que, entre otras leyes, el Ejecutivo podrá desaplicar la propia ley antibloqueo, puesto que están incluidas todas las leyes sin distinción.

Sin embargo, hay algunos artículos que merecen un corto comentario porque revelan las aviesas intenciones de este proyecto.

El artículo 25 dice textualmente:

“El Ejecutivo Nacional podrá modificar los mecanismos de constitución, propiedad, gestión, administración y funcionamiento de empresas públicas o mixtas, tanto en el territorio nacional como en el exterior, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 303 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.”

Esta disposición nos lleva a pensar que podría haber una privatización total o parcial de las empresas públicas, que han demostrado ser un lastre para el tesoro nacional y que ahora, en momentos desesperados para intentar atraer inversiones nacionales o foráneas, se podría modificar incluso la Constitución misma, con el fin de poner a producir a esa rémora que ha resultado, previsiblemente resultado en una carga por su burocratización e ineficiencia.

Es válido preguntarnos varias cosas: ¿Quién querría, nacional o foráneo, pactar un negocio de cualquier tipo por prometedor que sea, con un gobierno que enarbola como una defensa contra las sanciones, una ley que le permite violar todas las leyes de su país, incluidos los contratos que celebre? Mi respuesta es que por muy buenas que sean las condiciones en que se presente el negocio, ni siquiera los empresarios mas cercanos al gobierno aceptarían asociarse con el Estado venezolano.

Pensemos en el ejemplo que ya se ha venido dispersando en forma de rumor en Venezuela. El negocio de la distribución de combustible que sería altamente lucrativo para cualquier empresario. Si suscribiese un convenio con el Ejecutivo estaría expuesto, antes o después de recuperar su inversión a que cambie la dirección del viento y le revoquen el contrato sin posibilidad de ser indemnizado, porque la ley de expropiación sería nuevamente (como ha sucedido en muchísimas oportunidades anteriores desde hace al menos 15 años, desaplicada.

El artículo 27 menciona la posibilidad de celebrar alianzas con quienes ostenten la propiedad del algún bien intervenido o que se haya restringido algún elemento de la propiedad, es decir, que los bienes “expropiados” en realidad expoliados a sus propietarios, ahora se podrán negociar con el Estado para convertirlos en negocios productivos.

El artículo 31 en una muestra mas de que el gobierno sabe la desconfianza que se ha instalado contra él, le ofrece a los futuros inversionistas que antes de suscribir cualquier convenio la Procuraduría General de la República y el Ministerio de Economía y Finanzas emitirán una conformidad, una especie de salvoconducto que proteja esa inversión.

Pero por otra parte, el mismo artículo dice que en caso de desacuerdo, el inversionista tendrá que recurrir a los mecanismos judiciales nacionales y solamente cuando los haya agotado (y eso sabemos que puede tardar años) podrá acudir a medios alternativos de resolución de conflictos, lo cual significa en términos simples que no se podrán pactar cláusulas arbitrales porque siempre habrá que acudir a los tribunales nacionales para que resuelvan cualquier conflicto. Y después que haya una decisión definitiva entonces se podría acudir a otros medios, pero sería inútil porque ya habría una decisión judicial que será de obligatorio cumplimiento.

El artículo 32, entre otras disposiciones, en su párrafo final dice:

“La implementación de las medidas establecidas en esta Ley Constitucional deberán prever elementos que impidan que los mismos sean objeto de restricciones en el mercado financiero internacional dirigidas a bloquear el ejercicio legítimo de los derechos de su titular o la colocación bajo control de terceros que argumenten fraudulentamente la representación del Estado venezolano, sus entidades o sus ciudadanos.”

Este texto va directamente dirigido a la representación del Estado venezolano que han venido ejerciendo los representantes elegidos por el presidente interino  de Venezuela, Juan Guaidó Márquez, representantes que han sido reconocidos por varios gobiernos como la representación legítima del país, y que este Poder Ejecutivo nacional no puede evitar que intervengan en los diversos conflictos judiciales y arbitrales que se tramitan contra el país, bien sea contra la República o contra Petróleos de Venezuela y sus filiales. Es un intento infructuoso de descalificar esa representación.

Hay mucho, muchísimo mas que se debe estudiar y comentar sobre este proyecto de ley, pero por el momento creo haber señalado lo mas grave de este proyecto de ley que es la posibilidad de desaplicar leyes impunemente.

CONCLUSION

Este proyecto de ley, además de ser la ANTI LEY, crea un estado de anarquía en el cual el único que tomará decisiones será el gobierno a su sola conveniencia, habrá un solo Poder, lo cual desmonta todo el Estado de Derecho, el poco que aún quedaba, y por otra parte muestra la desesperación del Gobierno por la falta de ingresos en parte debido a las sanciones y en gran parte debido a su propia arbitrariedad, ignorancia, mala gerencia e ineficacia.

Como ha dicho el Dr. Guillermo Morón, historiador, al diferenciar dictadura de tiranía, hasta ahora en Venezuela ha habido una dictadura, a partir de esta “ley antibloqueo”, en Venezuela hay una tiranía, esto significa que no queda a salvo ningún derecho de los ciudadanos, todos pueden y potencialmente serán violados por el tirano.

El gobierno ahogado en su propia ineptitud, que nunca creyó que las sanciones internacionales realmente lo afectaran hasta el punto que lo han hecho, busca y cree encontrar en este proyecto de ley un salvavidas.

Pero se equivoca porque en el texto de la propia ley está el germen de su propia destrucción, aplicando irónicamente la mejor dialéctica marxista.

Barcelona, España 2 de octubre de 2020.