Irma Lovera De Sola

La llamada popularmente ley de condominios de la Gobernación del estado Miranda, ahora tiene un nombre mas formal:  Ley que Regula la Asistencia y Apoyo a los Condominios y demás instancias de participación vecinal en el Estado Bolivariano de Miranda y su Fondo de Financiamiento; ese nuevo nombre tiene consecuencias.

Les explicaré algunas de esas consecuencias. Por ejemplo que se constituye ese Fondo como un instituto autónomo adscrito a la Gobernación del estado Miranda, que tendrá un Directorio integrado por siete directores designados de listas que le presentarán al Gobernador los Alcaldes de las diferentes zonas del estado Miranda, lo cual dará por resultado que serán 4 directores oficialistas, 2 de oposición y 1 solo por todas las asociaciones de vecinos de las diez primeras que se hayan registrado, lo cual no garantiza equilibrio en el manejo, administración y asignación de las ayudas que concederían.

El proyecto de ley no especifica como se fijarán los aportes que deberían dar los condominios y las asociaciones de vecinos y tampoco los criterios para conceder esas ayudas; por lo cual los ciudadanos estamos a ciegas, no sabemos a que pretenden obligarnos a dar nuestro mermado dinero ni tampoco como se distribuirán esos dineros entre tantos aspirantes necesitados de ayudas.

Si, como dice el Gobernador del estado Miranda, la clase media no ha podido pagar las cuotas extraordinarias necesarias, por ejemplo, para la reparación de un ascensor o una bomba de agua, menos podrá pagar aportes a un Fondo que no sabe a donde irá a parar ese dinero. Pareciera que las autoridades creen que la clase media venezolana está boyante, que tiene dinero de sobra, cuando la realidad es que está empobrecida y a duras penas logra sobrevivir el día a día, en que sus salarios e ingresos en general cada día, cada hora están mas mermados.

Hay otro detalle al que llamar la atención. Ese proyecto de ley obligaría a la propia Gobernación de Miranda y a los 21 municipios a aportar al Fondo entre el 1 y el 3% de sus ingresos estimados anuales, cuando la recaudación municipal, en palabras de los propios Alcaldes, se ha disminuido en un 98% en los últimos cinco años.

Nuestra Venezuela está empobrecida y la llamada clase media ha pasado a ser una clase formada desde el punto de vista educativo pero improductiva porque con su trabajo no logra cubrir el costo de la canasta básica.

Pedimos al Gobernador, con todo respeto, que reconsidere ese proyecto, que terminaría de asolar tanto a la clase media como a los municipios que a duras penas consiguen proveer algunos mermados servicios y que se ocupe urgentemente de mejorar el servicio de agua y electricidad que son básicos para la vida.